El presidente Milei anunció que "trabajan" para borrar los datos del blanqueo, pero los tributaristas alertan que solo sería posible una medida limitada
l Gobierno anunció que "borrará" los nombres de los individuos y empresas que ingresen al blanqueo hasta febrero de 2025, pero los tributaristas son escépticos, porque la información se requiere para justificar los impuestos que se pagarán en el futuro sobre esos bienes y por el propio funcionamiento de los sistemas de ARCA.
En cambio, los expertos interpretan que el Gobierno lo que hará será de encriptar los datos para que pocos funcionarios de ARCA tengan acceso, y que sus huellas digitales queden registradas cuando ingresen a la información.
De "borrar" la información, se perdería la documentación de respaldo y la trazabilidad del tipo y monto del bien exteriorizado, los pagos del impuesto especial, y aun así no se podría borrar la información proporcionada por los bancos de las cuentas de depósito CERA, explica Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki Litvin & Asoc.
Además, ante conflictos judiciales de índole familiar, por ejemplo, ARCA está obligada a suministrar esa información a pedido del juzgado interviniente, alerta Alberto Mastandrea, del estudio BDO Argentina.
Javier Milei y la trama de la decisión del borrado del blanqueo
Fue el propio presidente Javier Milei quien anunció que se "está trabajando" para eliminar de las bases de datos de ARCA (ex AFIP) los nombres de los contribuyentes, unos 280.000 hasta ahora, que ingresaron al blanqueo. "Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo", posteó en la red social X.
La trama de esta intención oficial es no repetir lo que pasó con el blanqueo de Mauricio Macri, cuando al llegar el gobierno de Alberto Fernández hubo que pagar una sobrealícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales sobre los bienes blanqueados. A eso se suma los anuncios ya realizados por algunas provincias en el mismo sentido para el blanqueo actual.
"Está claro que se quiere evitar la filtración de información y garantizar la seguridad jurídica del contribuyente ahora o en una próxima gestión de gobierno", afirma López Chiesa.
"Es para dar más seguridad a los que blanquean de que sus datos no se van a difundir, como ocurrió en el blanqueo de Macri, pero difícilmente puedan ser borrados los datos de los contribuyentes que ingresaron. El Gobierno lo está diciendo para tranquilizar a los que blanquearon o van a blanquear", asegura Gustavo Policella, del estudio Policella & Asoc.
Qué pasa con los sistemas de ARCA, ex AFIP
Para proteger a una persona que se adhiere a un blanqueo, no sirve borrar los datos de una base. No tiene ningún sentido; además, quién puede saber cuántas copias de seguridad se hicieron. Ni tampoco tiene sentido que el Estado pierda información necesaria para el control de declaraciones de impuestos futuras, afirma Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal.
En cambio, la manera de proteger a un contribuyente que blanquea es a través de los derechos que le garantiza una ley y eso ya ha sido aprobado. En consecuencia, las garantías para el contribuyente han sido otorgadas por la ley que aprobó este año el Congreso, agrega
ARCA utiliza un sistema que mantiene un back-up de los últimos 10 años y que registra todas las credenciales de acceso por cada posición jerárquica; esto significa que no cualquier empleado puede ver toda la información del organismo, describe López Chiesa.
Técnicamente, no podrían borrarse definitivamente. Nunca puede existir un ocultamiento total de la situación ni de los datos de los bienes blanqueados. Lo que sí puede hacerse es dificultar desde ARCA el acceso a esa información: que se borren de las listas, pero pueden ser recuperados, considera Federico Costantino, socio de Impuestos de Auren.
Además, los funcionarios de AFIP no tienen acceso a borrar esos datos, y aun si los tuvieran, no veo que algún funcionario se anime a hacer una cosa tan ilegal, que podría traerles riesgos de ser denunciados en el futuro, advierte La Vista.
Desde el punto de vista fáctico, podrían ser borrados. Ahora bien, entiendo que también podrían ser recuperados a futuro. Sin embargo, la eliminación de información podría acarrear graves responsabilidades para los funcionarios, por lo que la decisión debería tener aval parlamentario, sostiene Francisco Peris, del estudio Andersen.
La intención de evitar listados y que se eviten filtraciones
Otro problema que tuvo el blanqueo de Macri es que hubo filtraciones y se publicaron listados de quienes blanquearon.
"No lo puede borrar porque es información relevante y justificación de operaciones futuras. Puede encriptarlos, como se hizo en el gobierno de Macri. Pero en esa ocación la medida fue parcial y hubo un boicot, de tal manera que se filtraron datos", recuerda César Litvin, del estudio Lisicki Litvin & Asoc.
"Es importante que haya una seguridad total para que no cualquiera acceda a los datos de quienes blanquearon y pueda hacer pública una lista", remarca.
"Entonces, los datos se van a borrar en cuanto a la posibilidad de un listado, pero la información de los bienes blanqueados es esencial; lo que debe hacerse es encriptarla para que el acceso sea muy limitado y quede la huella de quien accedió a ese dato", advierte.
ARCA debe proteger todos los datos del contribuyente y sobre todo cuidar el secreto fiscal. La exteriorización de activos a ARCA implica una relación de confianza mutua entre el Estado y el contribuyente y sobre todo de protección de información de carácter patrimonial, indica López Chiesa.
Creo que "técnicamente" la palabra no sería "borrar" sino limitar el acceso a cierta información sensible, aclara.
Nos sucedió en la atención de fiscalizaciones en años anteriores, en donde un inspector necesitaba verificar la incorporación de un bien en el patrimonio que se había regularizado a través de un blanqueo anterior y mucho de ellos no tenían acceso a la documentación que se había subido en la página web, por lo que tenían que requerirla al contribuyente o bien debían pedir autorización a un personal jerárquico para acceder a ella, relata.
Es muy importante que el Gobierno se preocupe por cuidar la información sensible de los contribuyentes, y ponga las mejores prácticas para respaldar y proteger los datos de cualquier filtración o de su uso indebido. Es importante que la información se proteja y se guarde en sitios seguros con detección de alertas temprano en caso en caso de que quiera acceder alguna persona no autorizada, enfatiza.
Las cuestiones legales contra el "borrado" de datos del blanqueo
La exteriorización de los bienes blanqueados no puede ser un borrón y cuenta nueva, porque no se podría diferenciar al contribuyente que blanqueó del que no lo hizo; ARCA necesita saber qué tipo de bien se blanqueó, señala López Chiesa.
A esto se suman los datos del intercambio de información que la Argentina tiene suscripto con otros países, cuya información es utilizada por ARCA para constatar que el contribuyente declare esos bienes, rentas o que han sido incluidos en el blanqueo, explica.
No es posible eliminar definitivamente todos los datos de quienes blanquearon. Puede llegar a suceder que se borren de alguna lista, pero en muchos casos los bienes blanqueados tienen que ser declarados también por los contribuyentes en sus declaraciones juradas del año próximo, indica Costantino.
Los datos del blanqueo no se pueden borrar. ARCA necesita esa información de los contribuyentes para sus tareas de fiscalización. Además, el propio régimen establece que quienes adhieran no podrán adherirse a otros regímenes de regularización hasta 2038, de modo que es lógico que se lleve un registro. Lo que sí debería garantizarse es el secreto fiscal de esa información, subraya Enrique López Rivarola, del Estudio Beccar Varela.
El blanqueo tiene reglas en cuanto a las posibles sanciones por incumplimiento de la ley, que llegan inclusive a que se "caiga" el blanqueo, con lo cual, estimo que eso no va a pasar que se borren los datos de los contribuyentes, precisa Ricardo Scalzotto, de PwC Argentina.
Así, la intención del presidente Milei de borrar los datos de los contribuyentes que blanquearon se choca con problemas fácticos y legales.
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